AUTOR: Janet Queffelec Padrón
La violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Ucrania, luego de la invasión de Rusia, no solo han sido denunciados por el gobierno del presidente Volodímir Zelenski, sino también por observatorios internacionales como Human Rights Watch (HRW) y la presidenta de la de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
En este conflicto que se inició el 24 de febrero, con el ingreso de las tropas rusas a territorio ucraniano, se han reportado víctimas civiles, crímenes de guerra, violación por uso de bombas en racimo, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Entre el 24 de febrero y el 9 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registraba 4.232 víctimas civiles, de las cuales 1.793 fallecieron y 2.439 resultaron heridas, aunque el número podría ser más elevado por el difícil acceso a ciertas áreas. “La mayoría de las víctimas civiles registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, y ataques con misiles y aéreos”, indica el informe.
Crímenes de guerra
El 3 de abril, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que enviase una misión especial para corroborar la masacre ocurrida en el distrito de Bucha, a las afueras de Kiev, tras ser hallados cientos de cadáveres en las calles luego de la retirada del ejército ruso, que posteriormente fueron enterrados en fosas comunes por los servicios sanitarios ucranianos.
Para el 10 de abril la Fiscalía de Ucrania había recopilado 5.600 hechos vinculados a crímenes de guerra, desde el comienzo de la invasión de Rusia el 24 de febrero, en los cuales estarían involucrados directamente 500 altos funcionarios políticos y militares rusos. El anuncio lo hizo la fiscal general ucraniana Irina Venediktova, quien tildó al presidente ruso como “el mayor criminal de guerra del siglo XXI”, aunque indicó que solo mediante una decisión de la Fiscalía de la CPI, el mandatario ruso podrá ser imputado de dichos crímenes mientras siga en la presidencia.
Al día siguiente, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieron dar asistencia financiera y apoyar con un equipo de expertos a las fiscalías de Ucrania y de la CPI, con el fin de hacer un registro de tales crímenes, de acuerdo a un anuncio hecho por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La Fiscalía de Ucrania ha creado un archivo en línea para certificar los asesinatos en masa en siete categorías: asesinato de inocentes, ataques a civiles o a infraestructuras civiles, destrucción de núcleos poblacionales, rehenes y tortura, deportación ilegal, ataques a la religión y la cultura, y violación. “Castigaremos a los criminales de guerra rusos por las atrocidades que están cometiendo en Ucrania, no sólo a los ejecutores, sino también a los comandantes que dieron las órdenes y a toda la cúpula político-militar de la Federación Rusa”, enfatizó Venediktova.
La fiscal ucraniana detalló que Rusia ha destruido escuelas, hospitales, edificios y corredores humanitarios, e incluso que muchos ucranianos han sido deportados a la fuerza hacia territorio ruso.
En las últimas semanas, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha denunciado masacres cometidas por las tropas rusas, como la reportada en la ciudad de Bucha a las afueras de la capital Kiev, en donde fueron asesinados con las manos atadas a la espalda y torturados 360 civiles, reportándose incluso violaciones de mujeres y niños.
Cabe mencionar que el 8 de abril se produjo un ataque con cohetes rusos a la estación de trenes en la ciudad de Kramatorsk, ubicada al este de Ucrania. Esta estación era utilizada para la evacuación de la población. El hecho fue calificado como de “maldad sin límites” por parte del presidente ucraniano Zelenski, mientras que las milicias prorrusas en Donetsk señalaban al ejército de Ucrania como el responsable del acto.
Ese mismo día, se produjo la visita a Bucha de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. “Vimos el rostro cruel del ejército de Putin, vimos la crueldad y la frialdad con la que ocuparon la ciudad. Aquí en Bucha vimos nuestra humanidad destrozada, el mundo entero llora con la gente de Bucha», expresó Von der Leyen.
La funcionaria también lamentó el ataque a la estación de trenes en Kramatorsk, hecho que calificó de “despreciable” y que dejó centenares de muertos y heridos.
Un día antes de este hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. La decisión contó con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.
En la región de Kiev, en la ciudad de Makariv, también se revelaron las atrocidades cometidas por el ejército ruso, posterior a su retirada. Allí se encontraron 132 cuerpos de personas torturadas.
Voces de alarma
El observatorio internacional Human Rights Watch (HRW) se ha unido a las voces de alarma al denunciar ejecuciones sumarias y graves abusos contra la población civil, por parte del ejército ruso que podrían considerarse crímenes de guerra. Los hechos fueron reseñados en las regiones de Chernigov, Jarkov y Kiev (específicamente en Bucha) entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, con el reporte de una violación, dos ejecuciones sumarias, así como incidentes de violencia y amenazas contra civiles.
Las atrocidades cometidas en Bucha fueron informadas por el gobierno de Kiev, una vez se retiraron las tropas rusas, que encontró cadáveres abandonados en las calles con las manos atadas a la espalda. “Los casos de violación, asesinato y otros actos violentos contra la población custodiada por las fuerzas rusas deberían ser investigados como crímenes de guerra. Rusia tiene la obligación legal de investigar de forma imparcial los supuestos crímenes de guerra de sus soldados”, puntualizó Hugh Williamson, director de HRW para Europa.
Violación a los derechos humanos
En las últimas semanas, las acusaciones sobre vejaciones a la población civil se han dirigido al ejército ruso.
No obstante, en el mes de marzo, la jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania, Matilda Bogner, alertaba que la magnitud de los daños y la cantidad de víctimas hacía suponer la violación de los principios de distinción y proporcionalidad, al igual que la prohibición de realizar ataques indiscriminados.
En un artículo publicado el 25 de marzo en el portal de Noticias ONU, Bogner manifestaba su preocupación por el uso de municiones en racimo por soldados rusos y que involucrarían igualmente a tropas ucranianas, lo que significaría una violación del derecho internacional humanitario.
Los bombardeos contra civiles han representado un incumplimiento de los derechos a la salud, alimentación, acceso al agua potable, educación y vivienda. Además, Bogner informó sobre denuncias de asesinatos de civiles “en territorio controlado por el gobierno ucraniano debido a la supuesta afiliación de las víctimas con las fuerzas rusas o a su apoyo a puntos de vista prorrusos”.
