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Política

Plubicado el 7 de Junio, 2018 | por Franklin Rodriguez

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La tormenta perfecta se lleva a Rajoy

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Para nadie es un secreto, que durante la última década hemos asistido a un escenario global más reacio a la existencia de injusticia y desigualdad social, sobre todo cuando esta se sostiene en base a prácticas lastimosas, tendentes a garantizar privilegios para un determinado grupo de interés. En esencia, la “corrupción”, que hasta hace poco era una práctica históricamente “tolerable” en gran parte del mundo, en especial en Iberoamérica (hasta hace poco no solía ser tomada en cuenta en las encuestas), hoy resulta ser un pecado capital para todo gobierno o sistema político que procure legitimarse en el ejercicio del poder, pues la sociedad está consciente de que ésta práctica cercena su calidad de vida.


Son precisamente las connivencias existentes entre gobiernos y el sector empresarial, las que se han venido denunciando con especial vehemencia desde el estallido de la última crisis económica mundial, teniendo como resultado movimientos anti-sistema y nacionalistas, pero también movilizaciones sociales como las que dieron forma a “Occupy Wall” Street en Estados Unidos e “Indignados” en España. De esta última, cuyo origen se puede rastrear al 15 de mayo del 2011 en la Puerta del Sol en Madrid, y que fue liderada por jóvenes que denunciaban los altos niveles de desempleo, desigualdad, desahucios y corrupción gubernamental, surgieron agrupaciones políticas que romperían con el Bipartidismo reinante desde la vuelta a la democracia, estos son Podemos y Ciudadanos.

Esta nueva realidad, que durante los últimos años viene acosando especialmente al partido de gobierno, el PP, es lo que finalmente ha permitido dar al traste con el mandato de Mariano Rajoy, a quien no le valió la relativa recuperación y estabilidad macroeconómica de la que hoy goza el pueblo español. En efecto, Rajoy es la última víctima de un caso de corrupción estatal, que en menos de una semana produjo condenas a importantes empresarios, exministros, funcionarios, y al propio Partido Popular.

Conocido como el “caso Gürtel” (cinturón en alemán), el desenlace de la semana pasada fue el último episodio de una investigación que lleva más de una década en tribunales españoles, liderada inicialmente por el ex juez Baltazar Garzón, consistente en la existencia de una red de empresarios liderados por Francisco Correa que, en base a sobornos y financiamiento a altos funcionarios, lograron beneficiarse de contratos en distintas regiones de España. Según hace constar la investigación, el partido de gobierno también fue beneficiario de estos financiamientos ilícitos, los cuales eran tramitados en una contabilidad paralela o “caja B” por Luís Bárcenas, por aquel entonces Tesorero del PP.

Según se hace constar en las sentencias repartidas el pasado 24 de mayo, fueron condenados a cárcel 29 de los 37 acusados, siendo los más afectados Francisco Correa con 51 años y 11 meses de prisión, y Luis Bárcenas con 33 años de prisión y 44 millones de euros en multa. Por si fuera poco, debido a los beneficios captados por la red de empresarios, el Partido Popular se convirtió en la primera organización en ser condenada, imponiéndosele una multa de aproximadamente 250 mil euros.

Este fallo abriría finalmente una caja de Pandora, pues ante la condena dictada al PP, la legitimidad de esta organización oficialista fue puesta en entredicho por los demás partidos que componen el Parlamento español, en especial el PSOE, que promovería finalmente una Moción de Censura contra Mariano Rajoy. Según se hace constar en la Constitución de España, este mecanismo tiene por objetivo el exigir responsabilidades al presidente, sometiéndolo al escrutinio del Poder Legislativo, pero solo había sido usado en tres ocasiones anteriores contra los expresidentes Adolfo Suárez (1980), Felipe González (1987) y al propio Rajoy en junio del 2017 todas sin éxito.

No obstante, en esta ocasión el resultado fue más que sorpresivo, pues incluso previo a ser introducida por parte de los diputados del PSOE (se requieren mínimo 35 firmas para presentarla), la Moción de Censura ya contaba con gran apoyo entre los parlamentarios, en especial los diputados de Podemos, quienes encabezados por Pablo Iglesias motivaron a Pedro Sánchez a proceder. Desde que se conoció los aprestos por removerlo de la presidencia, Rajoy insistió en que los procesados no responden a su actual gobierno, a la vez que trató de apelar fallidamente al apoyo cada vez más menguado dentro del Parlamento, donde antiguos aliados como los nacionalistas catalanes y vascos le terminaron por dar la espalda.

De partida, se le ofreció sin éxito al ahora exmandatario la posibilidad de dimitir, por lo que al darle curso a la Moción, los diputados terminaron por votar a favor de apartar a Mariano Rajoy de la presidencia que ocupaba desde el 2011, con 180 votos a favor frente a 169 en contra, superando así los 176 requeridos.

A raíz de este proceso, el primero en tener éxito, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pasa a ser el nuevo presidente de España, logrando con ello un retorno singular a los titulares luego de haber sido removido como Secretario General a lo interno del partido tras las últimas elecciones, puesto que finalmente recuperó. En lo adelante, todo indica que se habrá de conformar un gobierno de carácter transitorio, en aras de preservar la estabilidad política y económica de España tras la Moción de Censura, para luego convocar elecciones.
De hecho, según precisa el propio Sánchez, sus planes inmediatos son “regenerar la vida democrática, preservar las instituciones y establecer un programa que atienda las urgencias nacionales”. Sin embargo, para llevar a cabo cualquier iniciativa deberá contar con un apoyo parlamentario que hasta ahora no está garantizado, dado que el PSOE está lejos de conformar mayoría (tiene 84 diputados de 350), lo que seguro le llevará a un entendimiento con Podemos y otras organizaciones que apoyaron la Moción.

Paralelamente el nuevo ejecutivo tiene que enfrentar una virulenta oposición de los diputados del Partido Popular, quienes le acusan de golpista, además de los representantes de Ciudadanos, cuyo líder Albert Rivera demanda que se convoque elecciones en lo inmediato a sabiendas de que puede resultar beneficiado de la decadencia del PP. En ambos casos indican que Pedro Sánchez no cuenta con legitimidad, tanto por no ser diputado como por no haber obtenido la presidencia mediante el voto popular.

Será difícil predecir la suerte del nuevo mandatario, a cuyo gobierno le quedarían en teoría dos años, tomando en cuenta que las últimas elecciones fueron en el 2016. Mientras tanto tendrá que hacer frente al proceso separatista en Cataluña, los interminables casos de corrupción estatal, las crecientes demandas sociales, una evidente burbuja económica y las presiones para que llame nuevamente a elecciones.

Solo el tiempo dirá si España sortea exitosamente la tormenta perfecta que acabó con Rajoy.

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Sobre el Autor

Franklin Rodriguez

Miembro del Comité Central del PLD, Secretario de la Juventud Peledeísta.